Es
época de regresos de cientos de emigrantes con el plan “retorno a la patria” y
de amigos o hijos que se marchan porque la situación de “normalidad” no la
sienten; de apertura de la frontera entre Colombia y Venezuela; de participación
de Nicolás Maduro en la cumbre en Egipto; de conversaciones en París, entre la
oposición y el chavismo; y una propuesta del general (R), Néstor Reverol, de “borrón
y cuenta nueva”.
El
informe Encovi 2022 (10-11-2022), realizado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la
Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), indica
la caída de la pobreza multidimensional (medida más allá de la variable
ingresos y toma dimensiones sociales y de infraestructura como la salud, educación y servicios públicos),
el incremento de la desigualdad
entre pobres y ricos (pasó del 0,407 al 0,603 del índice Gini) y un empeoramiento
de la calidad educativa (1.5 millones de niños están fuera del sistema
formativo).
El
impacto de la recuperación económica se hizo sentir, pero se incrementó la pobreza por razones sociales, dijo uno de sus
presentadores, el sociólogo Luis Pedro España. “Medida por el nivel de ingresos, la pobreza afecta a 81,5% de la
población, es decir, 8 de cada 10 venezolanos no cuentan con los
recursos suficientes para adquirir la canasta básica. La pobreza extrema, en la que se encuentran aquellos con ingresos
insuficientes para adquirir los alimentos básicos, bajó de 68% en 2021 a 53,3%
en 2022. Estos números son el resultado del repunte de la actividad
laboral, luego de las crisis de la gasolina y Covid-19 en 2021, la eliminación
de controles y la liberalización de la economía”.
Los
analistas y la nomenclatura del régimen, en coro, refieren al “mejoramiento del país”, producto de la
liberación –obligada- de la economía y la instauración del “dólar como moneda
nacional”, porque es la referencia para determinar el valor de los productos
–la mayoría importados- y los servicios. No
explican cómo Venezuela muestra indicadores positivos luego de una caída del
PIB del 78% entre 2013-2021, explica Asdrúbal Oliveros; la pérdida del 80% del parque
industrial (Conindustrias 2020) y el que queda trabaja entre el 20 y 30% de su
capacidad, la quiebra de Petróleos de Venezuela, el limitado financiamiento
nacional e internacional, una inflación anual calculada en 200%, con una
escalada de precios producto del incremento del dólar, y una endeble protección
jurídica.
En
“el país normal”, la huida de sus hijos
no para. Los 7.1 millones de venezolanos que salieron, cifra manejada por
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), difícilmente regresarán. El
trabajo propagandístico del régimen chavista hace ver que el retorno de unos
cientos es por la mejoría, pero el daño psico-social
y económico producto de la diáspora es difícil de cuantificar, en materia
de muertes, suicidios, desmembramiento familiar, pérdida de capital humano y
quiebra de empresas. Nadie se marcha de su país si la situación está bien. Los
números no mienten y tarde o temprano la realidad se impone.
El régimen busca tres
objetivos estratégicos:
Reconocimiento internacional al ilegítimo Nicolás Maduro (ya lo está logrando
con el apoyo de Estados Unidos de América), eliminación de sanciones (así los
corruptos podrán mover sus capitales libremente y puede solicitar créditos
internacionales para financiarse) e impunidad (posibles condenas de la Corte
Penal Internacional). Ya con su socio, el presidente de Colombia, Gustavo
Petro, se inició el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas y comerciales,
convirtiéndose en su promotor activo.
Con
el gobierno de Petro, la prioridad serán
los negocios en el área petrolera y en el comercio de bienes. Con el
aparato productivo mermado, Colombia tendrá la balanza comercial a su favor. Es
el aliado político e industrial más cercano; sin embargo, esta normalización se
ha convertido en un gran problema. Los cierres y la suspensión de relaciones
diplomática y comerciales realizados por Hugo Chávez (2008-2009) y Maduro (2015)
torpedearon un proceso de integración con la Comunidad Andina de Naciones y destrozaron
un intercambio que ascendió hasta US $ 7.000 millones (2005).
Al
restablecimiento de las relaciones colombo-venezolanas anunciado por las
partes, hace poco más de un mes, la
ensombrecieron los intereses de la guerrilla, las bandas criminales, los
militares y los cuerpos de seguridad, especialmente venezolanos. La periodista española de la revista Semana,
Salud Hernández, denunció la corrupción, la mentira y la falta de seguridad
jurídica, como los factores que impiden la apertura de la frontera. Información
que confirma el periodista zuliano, Norge Faría, por lo experimentado en el eje
Paraguachón-Maicao.
En
su búsqueda de reconocimiento mundial,
Maduro aceptó reiniciar las conversaciones con la oposición, con el patrocinio
del presidente de Francia, Emmanuel Macron, y sus aliados del Foro de Sao Paulo
(FS), Alberto Fernández (Argentina) y Petro. Este último, cumpliendo los
lineamientos del FS, pidió inmunidad para su aliado, aplicando el relativismo
instrumentado por la izquierda para tapar sus crímenes y corrupción. La
experiencia indica que las conversaciones y negociaciones, desde la llegada de
Chávez en 1999, sólo ha beneficiado al chavismo y en nada a los venezolanos y
su dirigencia opositora. 23 años lo ratifican.
Para
reafirmar el reconocimiento, Maduro
acudió a la cumbre del clima COP27, organizada por la ONU en Egipto, un
objetivo que logró porque aceptaron su participación, sin cuestionarle el desastre
ambiental del Arco Minero y los daños ocasionados por los derrames petroleros. Hasta
la fecha, el régimen lleva la delantera.
La
normalización de país, es la “muerte
civil” de los venezolanos, dice el periodista zuliano, Alirio Rodríguez,
recordando el planteamiento del colega fallecido, Antonio Marcano. Y eso es
difícil de aceptar. El cerco mental y físico que vive la sociedad conduce a la
depresión, la impotencia intelectual y la inmovilidad social. Lo ocurrido en
Venezuela, “es un reacomodo hacia una nueva realidad”.
Lo que no dicen los analistas, explica Rodríguez, es que la brecha
social (desigualdad) aumentó. Los enchufados, los banqueros, los militares, la
nomenclatura roja, los empresarios que ven en la anarquía una oportunidad de
negocios, se colocan en el lado de los adinerados, mientras el resto se
mantiene en la pobreza, como lo indica Encovi 2022.
Otro hecho que ejemplifica la búsqueda de impunidad, es la propuesta del general (R), Néstor Reverol, actual ministro de Energía Eléctrica, quien lanzó la cínica propuesta “borrón y cuenta nueva” para el estado Zulia, el más afectado por la mala calidad del servicio, con la que los usuarios pagarán las consecuencias de la funesta gerencia.
Reverol pretende con un pago único justificar y tapar la corrupción
acentuada desde 2009 (Derwick Associates, ProEnergy), la ineficiencia gerencial,
el daño de miles de electrodomésticos y la destrucción del sistema de
electricidad. Este financiamiento mantendrá una gestión obscura que no rinde
cuentas y tampoco lo hará. A falta de dinero para robar, ahora el régimen le
“mete la mano en el bolsillo al pueblo”. Es
la nueva realidad producto de “la muerte civil”.
