Hugo M. Delgado A. Periodista. Foto: Gustavo Baüer. Artículo publicado el 6-12-2022 en www.venezuelausa.org
El daño espiritual ocasionado por el chavismo, durante los 23
años de gestión, trasciende lo material. El saqueo generalizado y el
despilfarro de más de un billón de dólares, producto de la bonanza petrolera,
estuvo acompañada con la destrucción de la institucionalidad
pública y privada, así como, los valores
y principios que soportaban a la sociedad venezolana.
Ahora,
en tiempos de conversaciones y negociaciones en México, las preocupaciones de la
población y del régimen de Nicolás Maduro están centradas en asuntos materiales, expresados en la
flexibilización de “las sanciones”, instrumentadas desde 2015 por el gobierno
de Estados Unidos de América (EUA), que afectaron –principalmente- a miembros
de la nomenclatura chavista (la justicia norteamericana tiene tasadas varias
cabezas, incluyendo la de Maduro), empresas del Estado y al sistema de
financiamiento público (vía para obtener dinero fresco externo).
Se ha vendido la idea de una
crisis producto de las sanciones de EUA (el mismo discurso de la revolución cubana durante 63 años),
pero el saqueo del “erario público”, la caída del Producto Interno Bruto, la inflación
y la pobreza son asuntos que no se generaron por las medidas sancionatorias.
Solo desde 2015, cuando el presidente, Barack Obama, declaró (decreto 13692) a
Venezuela como "amenaza extraordinaria para la seguridad nacional y para
la política exterior de EE. UU.” (DW 15-02-2019), fue cuando comenzaron ciertas
restricciones.
Esas medidas restrictivas se ampliaron
entre 2015 y 2919, cuando
el presidente Donald Trump (2017-2021) aumentó el número de funcionarios y
empresas sancionadas, restringió las operaciones financieras y reconoció en
enero de 2019, al gobierno interino del diputado Juan Guaidó, presidente de la
Asamblea Nacional 2015.
Estas decisiones debilitaron
al régimen de Nicolás
Maduro, reelecto en un proceso electoral impregnado de irregularidades y
ventajismos. Las aberrantes elecciones fundamentaron la decisión de EUA y a más
de cincuenta naciones de desconocerlo y reconocer a Guaidó; obstáculos que
definieron los objetivos y estrategias del “dictador” y sus aliados cubanos,
para luchar por conseguir la flexibilización de las sanciones, la búsqueda de
la legitimidad y garantizar su impunidad ante los crímenes cometidos contra
miembros de la oposición, tal como lo señalan el informe 2022 de la Organización
de la Naciones Unidas (ONU) y el de la Corte Penal Internacional (CPI).
Los
subterfugios de la crisis nacional van más allá de las sanciones económicas y
políticas contra el régimen. Irónicamente, la oposición, empresarios y analistas
le están haciendo el juego al régimen
de Nicolás Maduro, cuando muestran como única salida la negociación y la
suspensión de las medidas tomadas por Obama y Trump, aduciendo que son las
causantes de la crisis que vive Venezuela y han fracasado.
Con
el chavismo, el empobrecimiento, la
dependencia de la mayor parte de la población y los desequilibrios sociales,
se convirtieron en sus objetivos, muestra de ello es la profundización de la
desigualdad y los índices de pobreza, reflejados en el último informe Encovi
2022, elaborado por investigadores de la Universidad Católica Andrés Bello
(UCAB). Es el mecanismo utilizado por la izquierda para controlar el poder y
limitar las libertades de la sociedad. Una experiencia lamentable que coloca al
país en el cuadro de asistencia y en emergencia humanitaria 2023 de la ONU, que
atenderá a 339 millones de personas en el mundo, de los cuales 7 millones serán
connacionales, superando las previsiones, en relación con 2022, en dos millones
(La Patilla 3-11-2022).
Lo
expuesto recientemente por Gustavo Coronel (Carta a Gerardo Blyde sobre las
negociaciones con Maduro, La Patilla 3-12-2022) evidencia, que la crisis de
Venezuela va más allá de lo económico (material-temporal), político y
ambiental. El articulista difiere en
cuanto a la insistencia de justificar que existe una sola salida negociada
y de diálogo, y en la errónea posición del jefe de la delegación opositora en
las conversaciones de México, del fracaso
de las sanciones.
Coronel
argumenta que las sanciones debilitaron
al régimen, pero que éstas no sacaron del poder a Maduro porque el trabajo
interno (desobediencia civil), que debía realizar la sociedad y la oposición, no se hizo. Aclara, que la crisis humanitaria no es solo material,
sino que abarca las limitaciones a la libertad, el control de las instituciones
y la destrucción de la esperanza y la autorrealización de la población,
especialmente los jóvenes.
Los
impactos sobre los factores humanos del venezolano son imposibles de medir
¿Cómo hacerlo cuando se limita la libertad de expresión, con el cierre de 233 emisoras (64%), en lapso 2003-2022
(El País 7-11-2022), o con los ataques cibernéticos contra los diarios críticos
que denuncian los problemas nacionales, como ocurrió recientemente contra La
Nación, Los Andes y Táchira Noticias (La Patilla 3-12-2022) y ha sucedido con
otros, durante los últimos años?
O
cuando se registran 167.618 apagones
durante 2022, como lo señala el Comité de Afectados por los Apagones,
siendo el estado Zulia con 4.356 fallas del servicio eléctrico la región más
afectada y ahora le aplican el “plan borrón y cuenta nueva”, instrumentado por
el régimen, sin evaluar los daños emocionales y económicos provocados a la
población, a quienes ahora obligan a pagar una tarifa dolarizada, para tapar la
ineficiencia y corrupción de la empresa Corpoelec. Ante este atropello, ¿qué ha
hecho la sociedad civil y la oposición? Nada.
La crisis humanitaria no es
solo de limitaciones materiales-temporales que afectan la calidad de vida de
los venezolanos. Ella
abarca otros efectos como los ocasionados por la huida de 7,5 millones de
venezolanos que difícilmente regresarán, lo hogares abandonados y destruidos
por esa estampida, el capital humano que se formó en las universidades durante
años y se fue, los suicidios que se han incrementado y son poco divulgados y
estudiados, y los efectos sobre los jóvenes sumidos en la depresión y sin
esperanzas de desarrollo de sus vidas.
Otro
aspecto que difícilmente se tocará, es el del rescate de las instituciones garantes de “los procesos transparentes”,
como lo son el Consejo Nacional Electoral (CNE), donde se fraguan las trampas
que le han permitido al chavismo controlar el poder y violentar el principio
del voto; el Poder Judicial, caracterizado por la sumisión al régimen y la
corrupción; y los cuerpos de seguridad caracterizados por ser corruptos,
extorsionadores y genocidas.
Para los simpatizantes de las
medidas del presidente demócrata, Joe Biden, las limitaciones al uso y control de los US$ 3 mil millones
(que tendrá un mínimo impacto en la
solución de los problemas de salud, educación y electricidad) y la influencia
que tendrá EUA sobre la actividad petrolera, a través de Chevron (se habla de
desnacionalización y que será favorecida), son
victorias contundentes.
Los críticos consideran que
el régimen no ha dado nada y ha recibido todo lo que perseguía, impunidad, reconocimiento y flexibilización
de las sanciones. Igual, aducen que, a pesar de las restricciones a las ventas
de hidrocarburos establecidas por las sanciones, Maduro y su nomenclatura
recibirán 0,85 centavos de dólar por barril, ingresos que los beneficiarán en
una época pre electoral, con un pueblo necesitado y hambriento, una oposición que sueña con la vuelta a la
normalidad y a la Venezuela bonchona y
derrochadora, y a un pragmático sector empresarial y financiero que
solo quiere vender y movilizar dinero a toda costa. Es el país en donde todos “jalan para su lado”, mientras el daño humano
poco importa.
