Durante
el secuestro, murieron asesinados, por órdenes expresas del comandante
guerrillero, Wilking Fernando Lugo, el cuarto contratista de la empresa
Northrop Grumman, Thomas Janis, y el sargento del ejército,
Luis Alcides Cruz. A pesar de
la aceptación de conversaciones para liberar a los sobrevivientes, por
representantes de los gobiernos de Colombia y EUA, nunca se acordó nada. EUA mantuvo su política de “no negociar con
terroristas”. El 2 de julio de 2008, el Ejército de Colombia realizó la Operación Jaque, logrando rescatar a
los tres norteamericanos y 12 prisioneros más, entre ellos la ex candidata
presidencial, Ingrid Betancourt.
En
2016, el entonces presidente colombiano, Juan Manuel Santos, pidió su
liberación para facilitar el proceso de negoción de paz que se realizaba en La
Habana-Cuba. El gobierno de EUA, presido por Barack Obama, rechazó la petición y la presión que ejercían los insurgentes,
porque en ese momento, las Farc, eran consideradas por el Departamento de
Estado, “como una amenaza para sus intereses”.
Negociar
prisioneros no es novedad para los
EUA. Es una práctica tradicional en su historia, reflejada en la película de
Steven Spielberg, “El puente de los espías” (Puente Glienicke-Alemania),
interpretada por el actor Tom Hank, que encarna al abogado, James Donovan,
quien en la vida real defendió (1957) y luego logró su intercambio con los
soviéticos del espía, Rudolf Ivánovich Abel, por el piloto del avión
norteamericano U-2 derribado en 1960, Francis Gary Powers, y el estudiante de
economía de la Universidad Libre de Berlín, Frederic Pryor. Donovan intervino
en numerosas operaciones de este tipo incluyendo la liberación de prisioneros
de la fallida invasión de la Bahía de Cochinos-Cuba (CIA-1961).
Durante
la gestión del presidente, Joe Biden, se intentaron acciones de este tipo. EEUU –supuestamente- se ha resistido a los
intercambios de prisioneros por temor a que pueda alentar más tomas de
rehenes y promover una equivalencia falsa entre un estadounidense detenido
injustamente y un ciudadano extranjero condenado con justicia. Pero
un acuerdo en abril 2022, revirtió la
posición, cuando el veterano de la Marina, Trevor Reed (detenido en Moscú
julio 2020 por golpear a funcionarios rusos en estado de ebriedad), fue
cambiado por el piloto ruso encarcelado, Konstantin Yaroshenko (preso en
Liberia en 2010 por tráfico de drogas y condenado en 2011), abriendo la puerta
a resoluciones similares en el futuro.
Este
primero de octubre de 2022, el gobierno Biden anunció la liberación de los
narcotraficantes venezolanos, Franqui Francisco Flores de Freita (31) y Efraín
Antonio Campos Flores (32), sobrinos de la esposa de Nicolás Maduro, Cilia
Flores (ya el 17 de junio de 2022, el Departamento del Tesoro había sacado de
la lista de sancionados a su otro familiar Carlos Malpica Flores), quienes
fueron detenidos en Puerto Príncipe-Haití el 10 de noviembre de 2015, por agentes
de la Administración para el Control de
Drogas (DEA), en una operación encubierta para el traslado de 800 kilos de cocaína suministrada por
las Farc en Venezuela, que luego sería trasladada desde el hangar presidencial del aeropuerto de Maiquetía hasta Honduras. En
noviembre de 2016 fueron condenados
y en 2017 se les dicta condena a 18 años. El régimen desató una guerra
propagandística defendiendo a los parientes, aduciendo que fueron víctimas de
una trampa del gobierno norteamericano para desprestigiarlos.
El
intercambio incluyó la liberación de siete
norteamericanos detenidos por el régimen venezolano: Jorge Toledo, Tomeu
Vadell, Alirio Zambrano, Jorge Pereira y Jorge Luis Zambrano de la empresa Citgo;
el ex mariner, Matthew Heath, y Osman Khan. Lo cuestionable de este acto es que
se negocian dos narcotraficantes confesos y condenados, por siete personas secuestradas
y enjuiciadas irregularmente. El hecho
ocurre en momentos cuando se adelantan conversaciones entre la oposición
democrática y el régimen, y la Organización de la Naciones Unidas emitió un
informe sobre la violación de los derechos humanos en el que responsabiliza a
Maduro y su cúpula militar de crímenes y torturas; mientras la Corte Penal
Internacional (CPI) adelanta investigaciones sobre delitos de lesa humanidad.
Este
acto se da en pleno deterioro de la institucionalidad democrática, el
predominio en el continente de gobiernos de izquierda corruptos e ineficientes,
aliados con los rusos, chinos e iraníes, y cuando las instancias judiciales han
propiciado la impunidad de genocidas, de violadores de los derechos humanos y
de las organizaciones encargadas de la gestión pública. Es un momento inoportuno que envía un mensaje negativo y
relativista a la sociedad, que te muestra cómo el máximo líder de la democracia
mundial, EUA, utiliza la ley de acuerdo
con sus intereses, sin importar –en este caso- que Venezuela viva una
crisis social, económica, migratoria y política, que necesita el apoyo y
solidaridad continental.
Para
el cuestionado régimen de Nicolás Maduro es
una victoria porque va a utilizar la liberación como una derrota del imperialismo
norteamericano y que tuvo razón en sus denuncias de inocencia de “los pichones
de narcotráfico”. Va a obtener legitimidad
y el reconocimiento que necesitaba
para “atornillarse” en el poder, e impunidad ante los innumerables
crímenes de lesa humanidad que ha
cometido, y la corrupción que les
facilitó el saqueo de miles de millones de dólares que hoy reposan en sus cuentas
personales.
EUA
necesitado de proyectar una imagen fuerte ante el mundo, flaqueó ante el régimen venezolano, lo que debilita su posición ante Rusia y China, dice el periodista
zuliano, Alirio Rodríguez. Para el editor del portal informativo venezuelausa.org,
Dámaso Jiménez, este intercambio traerá
consecuencias en las próximas elecciones legislativas norteamericanas de
noviembre. El fotoreportero, Gustavo Bauer, considera que la edad y las
condiciones físicas de Biden son factores que han colocado a la otrora líder de
la democracia mundial en una posición de debilidad,
agudizando la crisis que vive el sistema. La abogada opositora zuliana,
Milagros Matos, advierte que negociar
con narcotraficantes es un grave error y abre la posibilidad de impulsar el
secuestro de norteamericanos para tomarlos como rehenes negociables. Otros
analistas venezolanos justifican el
acto aduciendo que para EUA lo primero es garantizar la vida de sus ciudadanos
y que no es primera vez que un gobierno hace este tipo de negociaciones.
Ante
el hecho, el polémico mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, al dirigirse a los
venezolanos, dijo que esto demuestra que “somos peones de las élites globales,
nuestras causas son desechadas a conveniencia y nuestra libertad vendrá de
nosotros mismos”. El analista, Pedro Mario Burelli, afirma que “en los próximos
días veremos si este canje incluye darle la licencia a Chevron para que opere,
como si nada, en Venezuela; la administración Biden terminó doblegada por el cabildeo de esta empresa que ha sido
siempre desvergonzada, apóloga del chavismo”. Para el ex comisario Iván
Simonovis “este intercambio debilita la credibilidad de cualquier sistema de
justicia y abre una puerta para negociar con el terrorismo”. Esta apreciación
es una advertencia para lo que pueda ocurrir con la “paz plena” que intenta imponer el presidente de Colombia, Gustavo
Petro, cuyo fundamento persigue otorgar impunidad y privilegios a los
narcoterroristas: Farc, ELN y los paramilitares. Con esta mala decisión se acentúa el cuestionamiento
al debilitado liderazgo de EUA, más cuando pretenda reclamar, recomendar o
criticar a naciones que apliquen el relativismo
para tomar sus decisiones.
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