Hugo M. Delgado A. Periodista.
Artículo publicado el 24 de octubre de 2022, en venezuelausa.org.
La situación de seguridad, política, económica y
social, en la frontera entre Venezuela y Colombia, siempre ha tenido un techo
con agujeros. Productores agropecuarios,
comerciantes e industriales instalados en la zona saben lo que ocurre, y si no
hablan públicamente es por temor. Es un asunto histórico originado por la
violencia que ha afectado históricamente a la nación neogranadina y la crisis
que vive –ahora- la patria de Bolívar.
Esa paz que todos los expertos saben es la clave para
que Colombia se proyecte como un eje de desarrollo económico en Latinoamérica,
está limitada por las distintas fases de su violencia política y delictiva,
porque la guerrilla (Ejército de Liberación Nacional y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias) y el narcotráfico, hacen difícil que se logre.
La búsqueda de alternativas desembocó en el acuerdo
del 26 de septiembre de 2016, rechazado con el plebiscito del 2 de octubre de
2016, por un movimiento liderado por el ex presidente, Álvaro Uribe Vélez (2002-2010),
quien luego de la victoria propuso
crear un "Gran Pacto Nacional" con otras fuerzas políticas para
buscar la paz (BBC Mundo 2-10-2016). Su
oposición respondió a la crítica sobre los inadecuados
castigos para los crímenes cometidos por los jefes rebeldes durante el
conflicto. "Nos
parece fundamental que en nombre de la paz no se creen riesgos a los valores
que la hacen posible: la libertad, la justicia institucional, el pluralismo, la
confianza en el emprendimiento privado, acompañado de una educación universal,
de calidad, como cabeza de la política social".
También, lo ocurrido en Centroamérica
evidencia los riesgos que genera un plan sin visión futura. La estructura en la
que se montó la paz y el sistema democrático hace cuatro décadas flaquea ante
los ataques de una ideología arcaica y fracasada: el socialismo. Entendida ésta
como el paso previo al comunismo que sólo busca “el control de la voluntad
popular”, decía Jimmie Holt del Ejército de EUA, en marzo de 1990. Se vende
como la reivindicadora de las causas perdidas: resentimiento, desigualdad
social, medio ambiente, justicia, etc. Su éxito en la región es producto del error
de EUA y sus aliados, de montar democracias sobre estructuras tradicionales
corruptas y coercitivas, advertía el militar.
Sin embargo, las consecuencias de
estos gobiernos izquierdistas han profundizado los problemas de las naciones
latinoamericanas, básicamente porque pretenden imponerla en la sociedad, sin
respetar a quienes piensan diferente. Además, muestran gestiones corruptas,
derrochadoras de recursos para tratar asuntos como la desigualdad y la pobreza
(hacen a la clase pobre más dependientes de la dádiva pública), son incapaces
de generar programas fiscales viables, irrespetan la institucionalidad
democrática, modifican los lapsos de permanencia en el poder y quieren hacer
todo nuevo destruyendo el aprendizaje social histórico. Finalmente, endosan sus
fracasos al imperialismo yanqui, al Fondo Monetario Internacional o al Banco
Mundial.
Ahora que Gustavo Petro asumió la
presidencia en Colombia, el guión estaba escrito de lo que iba hacer en materia
de “paz” y en sus relaciones con Venezuela. No hay nada nuevo ni extraño. Su
gesta ensamblada por el Foro de Sao Pablo indica lo que han anunciado ambos
gobiernos, con la venia de EUA, dándole así un espaldarazo a un régimen no
democrático, delincuente y criminal.
El anuncio de escoger a Nicolás
Maduro como mediador en las conversaciones de paz con el ELN y posteriormente
con las FARC, afianzará lo que ya está haciendo EUA de darle legitimidad al régimen
y –posteriormente- eliminar las sanciones económica que afectan a las empresas
públicas (Petróleos de Venezuela entre otras), las negociaciones de papeles
públicos con los que alimentan el gasto público y la corrupción, y las cuentas
personales de los miembros de su nomenclatura.
Las conversaciones quedarán entre
panas, porque ya es conocida la relación entre el régimen de Hugo Chávez y
Maduro, y los grupos subversivos colombianos; al igual que el control que FARC y
ELN tienen en trece estados de Venezuela (Fundación Crimen Insight, Infobae
2-10-2022), especialmente en la frontera colombo-venezolana, en temas como la
minería ilegal en el Arco Minero, extorsión y narcotráfico. Estas actividades
son las que mantienen al régimen y sus militares, y a los grupos
narcoterroristas vinculados con los carteles mexicanos de las drogas.
La complicidad también genera soluciones
complejas en asuntos relacionados con narcotráfico, minería ilegal y extorsión
en la frontera, evidenciada –por ejemplo- con el enfrentamiento de la segunda
Marquetalia de las Farc, liderada por Iván Márquez, con las facciones
disidentes y el ELN, tal como ocurrió en marzo de 2021. Maduro mandó al
ejército de Venezuela a defender los intereses de su aliado, dejando un balance
negativo de 16 militares muertos y 37 heridos, demostrando el nivel de
compromiso entre ambas partes (Fundaredes 30-03-2021).
Los productores agropecuarios del Zulia, desde la llegada de Hugo Chávez, saben que están en manos de las Farc y
el ELN. En la Machiques-Colón la guerrilla vigila las vías, imparten su
justicia, extorsionan y controlan el tráfico de drogas. Eso ocurre hace años.
Son asuntos que, en tiempos de apertura fronteriza, sería interesante saber
cómo van a quedar, ahora que el nuevo mejor amigo (EUA) es permisivo.
Construir una propuesta
fundamentada en los intereses de los violadores de derechos humanos traerá
consecuencias en pocos años. La impunidad advertida por Uribe y vista las
consecuencias del proceso de paz en Centroamérica, solo beneficiará a los
criminales y narcotraficantes que dominan a las Farc y al ELN (esta guerrilla
ya perdió el sentido ideológico-político y es un cartel de drogas). El
mandatario colombiano ya anunció que se manejará “el perdón a todos” para
alcanzar la ansiada paz total.
Mientras, EUA mirará para otro lado, esperando que sus aparentes enemigos construyan su mundo, sobre las estructuras distorsionadas. Total, luego del intercambio de los dos narcotraficantes sobrinos de Cilia Flores, confesos y condenados por la justicia norteamericana, no hay mucha moral para cuestionar la impunidad generalizada que viene ¿Y la democracia? Bien gracias.
